Noticia 230

Usan la complejidad para mejorar la impartición de justicia

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y asociado del C3, Enrique Cáceres, explora los vínculos entre la complejidad y el derecho.

   Aleida Rueda
   30 de septiembre de 2022

Conforme a la teoría jurídica tradicional, el derecho tiene una estructura jerárquica, o piramidal, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que deriva el resto de las normas del sistema jurídico. Sin embargo, Enrique Cáceres Nieto, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas e investigador asociado del Centro de Ciencias de la Complejidad, ambas de la UNAM, afirma que, visto desde la complejidad, el derecho se revela como “un sistema heterogéneo, dinámico y adaptativo” que en distintas escalas conecta normas jurídicas, operadores, instituciones y sociedad civil. Es decir, ve al derecho como un sistema complejo.

Esto permite entender mejor la dinámica que efectivamente emerge de las prácticas jurídicas, identificar las variables que inciden en su falta de eficacia y las estrategias para modificarlas. Básicamente, se trata de aprovechar la mirada de la complejidad en el derecho para contribuir a alcanzar el objetivo 16 de las metas de desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas para todos los niveles”; explica el investigador del C3.

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Cáceres está a cargo del programa de Complejidad y derecho del C3, a través del cual busca promover el desarrollo de la -poco explorada- relación entre derecho y sistemas complejos a través diversos proyectos de investigación. Estos proyectos plantean modelos que buscan, por ejemplo, analizar la conectividad oculta entre las leyes; averiguar el grado de complejidad de la legislación; predecir decisiones jurídicas, especialmente las judiciales; utilizar la inteligencia artificial para dar seguimiento a los flujos de capital; o contribuir a detener la evasión fiscal, entre otros.

La idea que permea en todas estas líneas de investigación es que es posible analizar, modelar y hacer más eficiente la forma en la que se diseñan y aplican las leyes. “Al aplicar teoría de redes y establecer las conexiones que se dan tanto explícitas como implícitas entre distintas normas dispersas a lo largo del sistema, emergen redes que nos demuestran que hay cierto tipo de normas, de cierto tipo de leyes, que tienen una mayor conectividad con el resto del sistema que ya no obedecen a una estructura jerárquica piramidal”, afirma Cáceres.

   El Conductoma jurídico

Analizar el derecho desde un punto de vista interdisciplinar le ha permitido a Enrique Cáceres emprender investigaciones novedosas con académicos y perspectivas de otras disciplinas. Es el caso del Conductoma Jurídico, un proyecto que “busca someter a análisis científico un viejo debate entre dos concepciones del derecho: el positivismo jurídico y el iusnaturalismo: para los positivistas, en caso de oposición entre el derecho y la moral, debe prevalecer el primero, mientras que para los iusnaturalistas, debe prevalecer la moral”.

Aliado con otro investigador asociado del C3, Christopher Stephens, líder de Conductome, un proyecto que busca analizar las causas de la obesidad en México, Cáceres busca responder una pregunta clave: ¿de qué modo deciden los operadores jurídicos en casos en los que existen dilemas entre la moral y en el derecho?

Para responderlo, incorporó a la investigación un abordaje de neuroderecho y junto con especialistas en neurociencia, diseñó un experimento con estudiantes y un grupo de jueces a quienes se presentaron viñetas con casos a partir de los cuales tenían que tomar tanto una decisión jurídica y moral, con y sin dilema moral. A partir de esa población (cerca de 300 participantes) se generó una base con datos de distintos tipos: metadatos, datos psicométricos, respuestas electroencefalográficas y electrodérmicas (solo para el caso de jueces), así como las justificaciones de sus decisiones. Aplicando técnicas de minería de datos basadas en el modelo matemático desarrollado por Stephens se determinaron las variables que podrían predecir las decisiones tanto jurídicas como morales de los sujetos.

A pesar de que los investigadores aún están en la fase de análisis de resultados, cuentan con algunos hallazgos importantes: “Hemos podido demostrar que, contrariamente a la tesis dominante, la conducta jurídica, al igual que la conducta en general, es una propiedad emergente que resulta de la interacción de múltiples variables que operan en distintas escalas, entre las cuales tanto el positivo como las creencias teóricas son solo una más, y no siempre las más significativas”, dice Cáceres.

Ahora Cáceres pretende investigar si la posibilidad de modelar las conexiones entre variables jurídicas y extrajurídicas pueden mejorar la impartición de justicia a través de intervenciones que produzcan perturbaciones controladas en el comportamiento de los operadores jurídicos que a su vez modifiquen las interacciones autoorganizativas tanto institucionales, como interinstitucionales y con la sociedad civil de tal suerte que la dinámica emergente se ajuste a las expectativas legítimamente esperadas de la eficacia del derecho.

En este sentido, el proyecto consiste en elaborar un modelo que permita simular el impacto y la presión que ejercen ciertas variables de cuya interacción emerge la dinámica jurídica (incluyendo fenómenos como la corrupción) y diseñar intervenciones sobre dichas variables que produzcan los cambios que contribuyan a que el derecho logre los objetivos que desde siempre lo han caracterizado, entre ellos: vivir en una sociedad más justa.

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